De acuerdo con los datos recabados por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas, se estima que el éxodo forzado de venezolanos supera ya los 7 millones 100 mil personas, de los cuales el 84.9 por ciento (5,96 millones) se han establecido o están en tránsito a diecisiete países de América Latina y el Caribe, de manera preponderante en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil.
El volumen masivo de migrantes y refugiados venezolanos -sobre todo a partir del 2015-, las precarias condiciones materiales bajo las cuales muchos de los migrantes se vieron obligados a abandonar Venezuela, lo inusitado del fenómeno, y la difícil situación económica por las cuales ha atravesado América Latina en los últimos años, han convertido la recepción y atención de este éxodo sin precedentes en un inmenso desafío para toda la región, señaló un análisis de la agencia alemana DW.
Esto es especialmente el caso para las sociedades de acogida, las agencias intergubernamentales y las organizaciones civiles vinculadas con el fenómeno migratorio internacional.
Con la aprobación en 1951 de la «Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados”, quedó establecido formalmente en el mundo la protección internacional de los refugiados. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, allí se estableció el compromiso de los Estados miembros de fortalecer y mejorar los mecanismos de protección a los migrantes y se reconoció, de manera expresa, que la protección a las personas refugiadas y la ayuda a los Estados de acogida son responsabilidad compartida, y debe ser asumida de forma más equitativa y predecible.
Sin embargo, para el caso venezolano no es así. El apoyo a la migración se ha ido desvaneciendo. Desde los inicios de los trabajos de la plataforma R4V, se viene advirtiendo sobre las dificultades e insuficiencia del financiamiento disponible para atender los extensos impactos de la crisis migratoria venezolana en la región.
En los años 2019, 2020 y 2021, se organizaron tres encuentros, denominados «Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos”, con el objeto de apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos de ayuda a la región, señala la agencia.
La conferencia del 2019 fue organizada por la Unión Europea en Bruselas, la del 2020 fue organizada por España juntamente con la Unión Europea, y la más reciente, en el 2021, fue organizada por Canadá. Estas conferencias, que reúnen a los gobiernos anfitriones y donantes, así como a otros agentes claves en la materia, han servido como un medio importante para movilizar recursos adicionales.
A septiembre de 2021, los socios de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V) habían logrado prestar asistencia a más de 2,6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y miembros de comunidades de acogida afectadas.
Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo y de la solidaridad demostrada por las sociedades receptoras, el apoyo logrado fue insuficiente para atender en toda su dimensión la crisis migratoria venezolana en la región, tal como se señaló en el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) del año 2022:
«Será necesario que aumentemos nuestros esfuerzos de manera considerable para garantizar que seguimos llegando a las personas más vulnerables con apoyo humanitario, de protección y de integración”, precisó en un documento la entidad de la ONU.
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